Es cierto que las políticas que este país ha llevado a cabo en gobiernos anteriores han favorecido a las empresas particulares en la explotación de este recurso, sobre todo en las concesiones otorgadas para el uso agrícola, industrial y servicios turísticos a partir de la polémica Ley de Aguas Nacionales de 1992, durante el gobierno de Salinas de Gortari, en la cual no se les establece un límite preciso para la explotación. Pero si nos ponemos a revisar a detalle los números, nos daríamos cuenta que, como dice el presidente: “se tienen otros datos”.

Del agua que se consume al año en este país, el 76% se destina al uso agrícola; 14.4% al uso público y domestico; 4.9 al uso industrial y el 4.7 a las plantas termoeléctricas. ¿A que quiero llegar con esto? Que, si bien se ha dicho mucho que los grandes monstruos de la industria refresquera o cervecera que operan en México han sido los causantes de la escasez de agua en el país, vemos que no es del todo cierto.

No hay defensa para estas empresas que durante muchos años han explotado el recurso con total impunidad y sin regulaciones por parte de las autoridades, pero especialmente el sector agrícola ha sido el que mas ha acaparado el agua y sabemos que la infraestructura del campo mexicano no es de las más modernas que digamos, eso sin contar la corrupción para ahí mismo hacer negocios con el líquido.

Lo anterior lo podemos ejemplificar rápidamente con los grandes ranchos de políticos mexicanos en los cuales se encuentran algunas presas que bien podrían suministrar a gran parte de la población, ahí esta el caso de las tierras de Cabeza de Vaca en la presa Vicente Guerrero o Guillermo Padrés con una presa particular en su rancho, misma que la Conagua otorgó la concesión.